La problemática del PGO de las zonas turísticas en Canarias

Los Planes Generales de Ordenación (PGO) son normativas de carácter urbanístico que son los encargados de realizar la ordenación de los municipios en España a través de la clasificación de los distintos tipos de suelos.

Asimismo el Plan General de Ordenación recoge la casuística vigente en la normativa urbanística española que se encarga de la regulación en todo lo referente a las edificaciones.

En la actualidad después de la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 promulgada el 20 de Marzo, las competencias en materia de ordenación urbanística pasaban a estar en manos de las Comunidades Autónomas, por lo que todas las normativas en este terreno corresponden exclusivamente a esta administración, por ello existen distintas legislaciones autonómicas cada una de ellas con sus propias peculiaridades.

En los últimos tiempos se han producido en zonas de la Comunidad Canaria una serie de acontecimientos en relación con la puesta en marcha de un decreto que regula el uso de determinadas parcelas para uso turístico, que contienen una serie de normativas que podrían considerarse como abusivas para los legítimos propietarios.

Reglamento de la Ley regional de renovación y modernización turística

El reglamento de la ley regional de renovación y modernización turística es el origen del conflicto, en este decreto la administración autonómica establece que las parcelas e inmuebles situados en zonas turísticas, en virtud de este nuevo planeamiento y con independencia de que el inmueble en el momento de su construcción tuviera licencia como de uso residencial mixto o turístico, tiene que ser utilizado para fines turísticos, limitando así el uso exclusivamente residencial de las viviendas situadas en estas zonas.

Este decreto es de obligado cumplimiento por lo que los propietarios se verán obligados a cumplir con la normativa vigente siendo sancionados en caso de no destinar dichos inmuebles al uso turístico, de no ser así se les impondrá una multa económica por parte de la administración turística competente y se les darán las recomendaciones necesarias para que puedan regularizar su situación en un plazo inferior a un año.

¿Es esta normativa una expropiación encubierta?

Como es lógico este decreto ha despertado inquietud por parte de los propietarios con viviendas en zonas turísticas que han visto como los derechos sobre sus propiedades han sido limitados en la promulgación de este decreto.

Nos encontramos con la problemática de que la gente compra sus casas y no puede ni vivir en ellas ni alquilarlas por sí mismos siendo obligados a cederlas a una empresa de explotación turística como marca la ley.

Como todos sabemos el sector turístico es el motor principal de la economía canaria, no solo las grandes multinacionales deberían tener derecho a los beneficios de esta industria, también las miles de familias que obtienen ingresos adicionales gracias al alquiler vacacional de su vivienda, deberían tener derecho a explotarla con el amparo de una regulación que les protegiera, la administración autonómica debería ser consciente de esta realidad.

En la actualidad se calcula que unas 52.000 familias en Canarias viven de esta actividad que genera riqueza y actividad económica en la comunidad, siendo en algunas ocasiones la única fuente de ingresos para estas familias, por lo que la administración debería pronunciarse de alguna manera protegiendo los derechos de estos propietarios.

A efectos prácticos se puede considerar al PGO de Canarias como una expropiación encubierta por parte de la administración autonómica que va claramente en contra del derecho de los propietarios sobre sus viviendas particulares favoreciendo exclusivamente a las grandes multinacionales del sector turístico.